¡PREOCUPACIÓN GREMIAL! Abogados en alerta ante nuevo protocolo judicial del Ministerio Público
ENTRE TORMENTAS. El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, dejó claro que de no cumplirse el nuevo protocolo que regula estrictamente el contacto entre funcionarios del Ministerio Público y abogados privados, podría derivar en investigaciones penales. Según la nueva normativa oficial aprobada recientemente, queda prohibido recibir defensores en despachos fiscales fuera de actos procesales formales, como imputaciones, entrevistas y audiencias con citación legal.
La medida ha sido presentada como parte de una estrategia para combatir la corrupción y reforzar la transparencia institucional. Toda diligencia deberá quedar registrada en acta, con identificación completa y firma de los asistentes, y ser remitida al superior jerárquico para su archivo.
Sin embargo, el protocolo ha generado preocupación entre juristas, defensores y organizaciones de derechos humanos, quienes advierten que podría limitar el derecho a la defensa y obstaculizar el acceso oportuno a la justicia.
Críticas desde el gremio legal
Para muchos abogados litigantes, esta decisión representa un retroceso en la dinámica judicial venezolana. Para ellos la defensa no puede ser tratada como una amenaza institucional, ya que el diálogo entre fiscales y defensores es parte del debido proceso.
Además, se teme que el protocolo fomente una cultura de secretismo y burocracia, donde el acceso a información clave quede restringido por formalismos que no siempre responden a la urgencia de los casos.
El Ministerio Público ha insistido en que el objetivo es evitar componendas informales que puedan comprometer la legalidad procesal. No obstante, críticos señalan que el protocolo podría ser usado para intimidar o limitar el ejercicio libre de la defensa, especialmente en casos sensibles o de alto perfil político.
La amenaza de sanciones penales por incumplimiento, sin mecanismos claros de apelación o revisión, también ha sido vista como una forma de presión institucional que podría vulnerar garantías constitucionales.
El nuevo protocolo del Ministerio Público plantea un dilema entre la necesidad de transparencia y el respeto al derecho de defensa. Si bien la lucha contra la corrupción es legítima, debe estar acompañada de mecanismos que fortalezcan el Estado de derecho, no que lo debiliten. En un país donde la justicia enfrenta desafíos estructurales, cerrar las puertas al diálogo podría ser tan peligroso como dejar abiertas las ventanas a la impunidad.
ET / Agencias
